La Secretaría de Cultura a través de la Dirección General de Vinculación Cultural, acaba de publicar una convocatoria. 30 organizaciones seleccionadas en todo el país. El estímulo más alto: 145,000 pesos. El más bajo: 100,000.

Léanlo de nuevo.

Cien mil pesos. Para una organización con cuatro años de trayectoria. Que además tendrá que impartir cinco talleres gratis como condición para recibir el dinero. Menos de nueve mil pesos al mes. Por debajo del salario mínimo profesional.

A eso le llaman estímulo a la excelencia.

El lenguaje de esta convocatoria no es inocente: modelo de negocio replicable, ecosistema profesional, marketing, empleabilidad digna, economía creativa.

Estas palabras no describen la cultura. La transforman.

Nos exigen demostrar que somos rentables para merecer existir. Que si no nos sostenemos solos, el problema es nuestro. No del sistema que nos abandonó.

El arte no es un sector productivo que necesita optimizar sus procesos. Es un derecho. Lo dice el artículo 4 de la Constitución, con el verbo más exigente que existe: GARANTIZAR. No facilitar. No apoyar cuando haya presupuesto. Garantizar.

La sostenibilidad suena bien. El problema no es la sostenibilidad como aspiración, sino como sustituto de la obligación del Estado.

Cuando el Estado te dice que debes ser sostenible, en realidad te está diciendo: después de este estímulo ya no es mi problema.

Eso tiene consecuencias concretas. Los proyectos que trabajan con comunidades indígenas, los que hacen arte político, los que experimentan sin garantía de audiencia, los que existen precisamente porque no son rentables: esos quedan fuera. No de esta convocatoria. De todas.

Detrás de cada convocatoria hay una estructura que cobra sueldos todo el año. Los artistas seguimos subsidiando a las instituciones de Cultura de todo el país, si tienen suerte en el concurso, cien mil pesos cada varios años.

El Estado destina más recursos a administrar la escasez que a resolverla.

Y lo hace citando el artículo 4 constitucional en el fundamento de la convocatoria. Como si nombrarlo fuera suficiente para cumplirlo.

No lo es.

La comunidad artística hemos sido, en parte, arquitectos de nuestra propia precariedad.

Aprendimos a escribir en el idioma de la burocracia para sobrevivir. Competimos entre nosotros por las migajas de un presupuesto que debería ser nuestro por derecho. Celebramos como victorias estímulos que en cualquier otro sector profesional serían una ofensa. Guardamos silencio sobre las reglas del juego porque necesitábamos seguir jugando.

Y al hacerlo, legitimamos el sistema que nos precariza.

La autocrítica no es culpa. Es el primer paso de la organización.

Seguir participando en las mismas condiciones sin exigir nada diferente es también una decisión política.

Podemos tomar una distinta:
→ Deliberar en colectivo antes de postular individualmente.
→ Hacer públicas las condiciones que aceptamos. Romper el agradecimiento acrítico.
→ Negarnos colectivamente cuando las condiciones no son dignas.
→ Exigir asiento en las mesas donde se diseña la política cultural, no solo participar en las convocatorias que otros diseñan.

El Estado lleva décadas aprendiendo que puede ofrecernos poco porque lo aceptamos.

Es momento de que aprenda lo contrario.

No pedimos caridad. Exigimos lo que la Constitución ya reconoció:

Financiamiento estructural y permanente. Infraestructura cultural real y descentralizada. Condiciones laborales dignas. Políticas diseñadas CON los artistas, no PARA ellos desde escritorios. Protección para las expresiones culturales que no son rentables pero son irreemplazables.

La cultura mexicana no necesita aprender a ser empresa.

Necesita un Estado que por fin aprenda a ser garante.

 

Gabriel Pascal